RESPUESTA A UN EDITORIAL DE EL ESPECTADOR

Don Fidel, muy buenos días. La consulta anticorrupción no ha sido estudiada jurídicamente. Solo se hace referencia a sus eventuales consecuencias políticas.

Muy pocos saben de que se trata. Preguntamos a nuestros contertulios y el 95% no tiene idea de que se trata. Responden movidos por la esperanza de que se va a terminar la corrupción y limitan los corruptos a los congresistas y en este caso por sus salarios.

No dicen nada del costo de una campaña electoral de miles de millones los que tienen que recuperar con contratos y el pago de celulares, de la unidad legislativa, de las comidas y cenas durante las sesiones en las que se grita, se injuria, se negocia, en los porcentajes por contratos, en las influencias para ubicar laboralmente a sus parientes y amigos. Estos aspectos de verdadera corrupción no se tocan y seguirán vigentes.

La consulta no solucionada nada y las propuestas del gobierno tampoco. Sencillamente porque las verdaderas causas de la corrupción privada y publica tampoco se tocan.

El tema del fin de los beneficios de excarcelación es hacer más costoso el daño económico para el Estado. Un interno de estrato 5 o 6 le cuesta a los ciudadanos por lo menos 10 millones al mes. Y se roban 100 y devuelven 10. Ni la pena de muerte, ni la cadena perpetua generan barreras para no delinquir. Los delincuentes saben que cargan con su ataúd y no le temen a ninguna pena.

Una mejor opción es volver a las sanciones de hace 2000 años. Que devuelvan el doble de lo robado y que los inhabiliten de por vida de manera directa e indirecta para vincularse con negocios del Estado. y que paguen con servicio social como cuidado de parques, aseo en calles, clases en escuelas de personas de bajos ingresos y otros más.

Es una idea de las muchas que pueden ayudar.

Y nada han dicho sobre EDUCAR EN VALORES. Y para esta educación es necesario FORTALECER LA FAMILIA.

Con mi aprecio de siempre,

Carlos Fradique-Méndez

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LA CONSULTA ANTICORRUPCIÓN ES UN ENGAÑO

Abog. Carlos Fradique-Méndez

Respetuosamente respondo al Editorial de EL ESPECTADOR del sábado 11 de agosto; ¿Por qué le huyen a la consulta anticorrupción?

La consulta pretende reformar directamente los Artículos 126, 187, 197 y 280 de la Constitución y la Constitución no puede ser modificada vía Consulta popular. El Art 50 ley 134 de 1994 dispone que NO se podrán realizar consultas sobre temas que impliquen modificación a la Constitución Política. En el mismo sentido el Art. 21 de la ley 1757 de 2015. Ambas son leyes estatutarias.

La consulta no da órdenes al Gobierno, ni al Congreso. Se pregunta: ¿Aprueba Ud. que los congresistas tengan un salario máximo de 25 SLMMV? Y una opción es responder “Apruebo que el salario máximo sea de 25 SLMMV.” Esta aprobación es inane, ineficaz. Los congresistas amarraron los salarios de la Rama Judicial, de la Procuraduría (Ver Art. 280 de La Constitución), de la Fiscalía a sus ingresos. Entonces rebajar el salario de los congresistas tiene como consecuencia rebajar el salario a cerca de 150.000 empleados de las entidades enunciadas. Esta rebaja es imposible de atender.

El límite de 3 periodos en cargos de elección popular es una gran falacia. Se pretende reformar el Art. 126 de la Constitución. Lo que autoriza la consulta son 3 periodos en concejos, 3 en asambleas, 3 en la Cámara y 3 en el Senado para un total de 48 años, más los que sumen como ministros, gobernadores, alcaldes, embajadores, los que se hagan elegir en cuerpo ajeno y los que compartan con sus parejas como cuando una está en la Cámara y el otro en el senado.

Esta aparente limitación generaría actos de máxima corrupción y de acumulación de privilegios. Veamos: El régimen pensional de congresistas y sus pares es un privilegio injustificado. Se les liquida sobre todos los ingresos y no sobre el salario básico que es sobre el que aportan. Pretenden que se liquide sobre el ingreso del último año. Casi siempre la pareja está empleada en organismos con privilegios. Una en la cámara y otro en el Senado. Uno en el Congreso y otra en la Rama Judicial o en la Procuraduría. Sueldos y pensiones para la pareja por valor cercano a $40.000.000 mes. Esto es desangre al erario.

Este régimen se aplica a los empleados de la rama judicial y por esta razón muchos magistrados del CONSEJO DE LA JUDICATURA, los guardianes de la ética de abogados y jueces, nombraron a sus amigos y amigas jueces municipales como magistrados auxiliares para que incrementaran sus pensiones en cuatro y hasta cinco veces. Y entiendo que estos ascensos no fueron gratuitos o por méritos.

De esta engañosa invitación se pueden lograr resultados positivos. Olvidemos la falsa pelea entre corruptos y anti corruptos, entre Gobierno y oposición y hagamos la lista larga de todo lo que permite que la inequidad, la acumulación de privilegios y la avaricia de los depredadores del ideal de la sana convivencia en una sociedad justa, sigan sembrando odios, resentimientos, deseos de venganza frente a quienes ponen oídos sordos a los lamentos de los desposeídos y humillados.